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El valor judicial de un mail


23 marzo, 2013 0 Comentarios seguridad informatica

validez mails juicioEn cantidad de ocasiones nos han preguntado sobre el valor probatorio de un mail en un juicio. Con el caso Urdangarín esta pregunta está ya contestada.

Estamos viendo como el juez, a pesar de que los mails presentados por Diego Torres han sido impugnados por alguno de los abogados, los da por auténticos alegando que queda probado que proceden de la Fundación Nóos.

En el año 2000, la Ley de Enjuiciamiento Civil introducía la posibilidad de aportar mails y otros documentos en soporte digital como prueba, al tratarse de un documento privado. Como tal tiene ciertas particularidades y debe ser sometido al trámite de reconocimiento de los implicados. El problema viene precisamente cuando una de las partes no lo reconoce.

Los juristas indican que los mails se pueden utilizar como prueba en un juicio siempre y cuando su obtención no vulnere derechos fundamentales, en cuyo caso son prueba nula de pleno derecho.

En un documento tradicional la autenticidad se resuelve mediante pruebas periciales de reconocimiento caligráfico que permiten determinar una firma reconocida en el mismo. El problema es que un mail es fácilmente manipulable y además al juzgado suele llegar únicamente una copia en papel. Los peritos informáticos sólo pueden certificar el envío, el destinatario y la fecha, pero NO el CONTENIDO. Estamos hablando del envío de mails convencional, no aquellos que se realizan pudiendo certificar el contenido y fecha, como el buromail, los emitidos a través del Colegio de Notarios o con certificado de firma electrónica.

Además esta certificación sólo es posible si se aportan medios de prueba digital, no si se adjuntan únicamente correos en papel. Si se aportan pruebas forenses informáticas de los correos enviados, SI puede llegarse a certificar que el contenido de los correos estaba en el momento de su envío y los archivos adjuntos a través de los metadatos que éstos desprenden. Es por ello que debe existir dentro de la empresa una política clara de privacidad en la que los empleados sepan que existen controles periódicos de los equipos de los que se hacen copias de seguridad.

La Ley indica que si no se puede determinar pericialmente la validez de un documento, sea el juez quien debe valorarla según su mejor criterio

 

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